El proyecto para instalar diez cámaras de videovigilancia en las principales calles de Puerto Banús se ha topado de bruces con el primer obstáculo, aunque no es insalvable. La Subdelegación del Gobierno ha rechazado la propuesta remitida por el Ayuntamiento a petición del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella y una decena de colectivos empresariales más. Motivos técnicos y falta de justificación para la implantación de la videovigilancia son las razones que aduce el delegado del Gobierno central en Andalucía, Juan José López Garzón, en el escrito remitido al Consistorio donde comunica que no se autoriza la petición, según explicaron desde el CIT.«No estamos de acuerdo ni con el contenido ni con la forma en en que se ha contestado a nuestra petición.

Hemos seguido en todo momento el trámite administrativo que marca la ley», señaló Miguel Gómez, presidente del CIT. Justificó la solicitud: «El proyecto fue requerido por la preocupación de diversos colectivos debido a la creciente inseguridad en la zona». Propuesta «calcada»No se van a quedar de brazos cruzados. Los empresarios se pondrán de inmediato a trabajar para adecuar los aspectos rechazados «a la ley» y subsanar todo lo que consideran que no se ajusta a la legalidad.

Eso sí, aseguró que la propuesta que han presentado es «calcada» a una que ya fue autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por lo que no entienden «por qué tiene que haber problema». La misma opinión comparte Dan Ortuño, portavoz de la comisión de seguridad del CIT, que abundó en que uno de los reparos es quién va a manejar el sistema informativo de las cámaras o en los lugares concretos en los que se van a instalar los dispositivos. «En todo momento hemos dicho que la videovigilancia tiene que estar en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad», señaló Ortuño, que insistió en que este método disuasorio ha demostrado su eficacia en grandes ciudades, como es el caso de Londres, para para reducir la delincuencia en la vía pública. «Lo volveremos a presentar mil veces si hace falta porque estamos convencidos de que funciona», añadió el portavoz de la comisión de seguridad y vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Banús.

Experiencia piloto: El Ayuntamiento de Marbella envió a finales de noviembre del año pasado la propuesta de los empresarios del CIT de Marbella, promotor de la iniciativa, para implantar cámaras de videovigilancia en las principales vías de Puerto Banús como experiencia piloto. Con esta medida pretenden prevenir la comisión de delitos y regular de forma puntual el tráfico rodado en el recinto portuario, que recibe una media de ocho millones de visitantes al año. Junto con el CIT, distintos colectivos respaldan la propuesta del colectivo empresarial. Entre ellos, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Málaga (Aehma), la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Marbella y San Pedro (Apymem), Promotur, Adras, Aehcos, la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, Ameco, la Federación Andaluza de Urbanizadores y la Asociación de Comerciantes Profesionales de la Antigua Colonia de San Pedro. Todos han mostrado su «malestar» por la respuesta del delegado del Gobierno en Andalucía.

Hasta que la Subdelegación del Gobierno no emita un primer informe sobre si es legal colocar las cámaras los trámites seguirán estancados, ya que la autorización final está en manos de una comisión de videovigilancia capitaneada por el presidente del TSJA.