En opinión del comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, José Luis Prudencio, conviene encontrar una fórmula para frenar esta carga de trabajo, «por el perjuicio que supone para los servicios de seguridad ciudadana, por la deficiente utilización de los efectivos policiales». En una entrevista concedida para el boletín de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), Prudencio cita como uno de los principales retos «mejorar los niveles de comunicación con todo el personal de seguridad privada para propiciar mayor agilidad en la respuesta, ante las diversas peticiones de auxilio...».

Desde su punto de vista, la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el sector de la vigilancia privada debe aumentar en el área de la «prevención, presencia, control y disuasión». Al entrar en valoraciones sobre la necesidad de mano de obra, el comisario expone que anualmente se habilitan entre 9.000 y 12.000 vigilantes.

Según razona, la patronal debería reflexionar sobre los motivos por los que «los vigilantes son los trabajadores de sector con más rotación y que menos tiempo se mantienen en la profesión; quizás, habrá que introducir nuevos elementos motivadores, para fidelizar más al personal, a través de una verdadera carrera profesional con más categorías, y otras condiciones sociolaborales o salariales, etc.», propone el especialista policial.

El Cuerpo Nacional de Policía tiene asignada la competencia relativa al control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana es responsable de la supervisión de las empresas y de sus plantillas de la seguridad privada, según fija la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.